Por Raúl Crisóstomo Celedón y Danilo Herrera Burton
En este proyecto de investigación buscamos abordar la historia del movimiento de pobladores en la ciudad de Los Andes, entre la década del 50 y 80 del siglo XX, periodo en el que aparecen y son erradicados algunos de los principales campamentos de la ciudad. Desde la historia oral y local buscamos comprender el rol de los pobladores como movimiento social en el desarrollo de esta urbe, así como relevar la historia de los sujetos populares de nuestro territorio.
Iniciamos la publicación de este proyecto con una breve contextualización de la situación urbana y de los pobladores en el contexto nacional y local. Para en una próxima entrega abordar de lleno las primeras pobladoras y pobladores del Campamento Patria Nueva, entre los años 1973 y 1977.
El movimiento de pobladores, breve contextualización para el siglo XX.
Pareciera ser que la situación habitacional de las masas más pobres de la población en Chile durante gran parte del siglo XX, ha de encontrar más conflictos que soluciones dentro de las políticas o proyectos de gobierno, masas que ya dentro del siglo XIX, reflejaban de manera evidente los conflictos presentes dentro de este asunto.
En cuanto a la vivienda, es imperioso señalar que ya durante mediados del siglo XIX la segregación espacial se había transformado en una tendencia dentro de las principales ciudades de Chile, y su origen, asociado a aquellos diseños urbanos de carácter colonial, no solo era propio en esta parte del cono sur, sino en gran parte de las ciudades latinoamericanas (Romero, 2021).
En las grandes ciudades del país y principalmente en Santiago los porcentajes eran decidores. Se estima que a 1840, el 75% de la población en la capital formaban parte del espacio urbano marginal, es decir, constituían aquella población pobre que vivía en rancheríos, “cuartos redondos” o cualquier otro tipo de estructura caracterizada por su falta de condiciones básicas necesarias (Salazar, 2014), cuestión que, casi treinta años después, no experimentó mayor dinamismo e intentó ser abordada por una serie de programas “referidos a la modificación del plano y de la trama urbana, al establecimiento y ampliación de ciertos servicios y al saneamiento de los barrios populares que mostraban peores condiciones de higiene y habitabilidad” (De Ramón, 1990, p. 204), estrategias insuficientes considerando las dimensiones de la situación de la población marginal.
Como respuesta de acción, De Ramón (1990) señala que durante 1830, hasta mediados del siglo XX, predominaron en nuestro país una serie de formas legales de solución habitacional adoptadas por las familias más pobres, donde el arriendo de piso, de cuartos redondos, de piezas de conventillos o espacios de alquiler en edificios deteriorados, se erigían como las más representativos modelos de vivienda de esta parte de la población, no diferenciándose significativamente de aquellos espacios de habitación descritos en periodos anteriores.
Esta etapa, que forma parte de una línea de análisis que la ubica entre mediados del siglo XIX y XX, es sucedida por una segunda fase que se caracteriza por el predominio de formas ilegales de ocupación, proceso que el mismo De Ramón (1990) ubica entre los años 50 y 70 del siglo XX, espacio de tiempo en el que los campamentos, propósito directo de la presente investigación, definen sus dinámicas históricas.
El campamento es el resultado planificado de una acción popular, directa y comunitaria que nace del movimiento de pobladores, y que busca por sí misma, resolver los problemas de integración al sitio urbano y a la vivienda, mediante la toma de un terreno o sitio en el que se levanta un proceso organizativo y otro material (Salazar, 2014).
A nivel nacional, y principalmente dentro del núcleo urbano de las grandes ciudades, se ha señalado que la toma de sitios y el posterior levantamiento de campamentos fue un proceso sociohabitacional que experimentó un punto crecimiento exponencial en los primeros años de los setenta. Alcanzando a la misma fecha un total de 251 tomas en todo Chile (Castells, 1973) y hacia 1973 un total de 388 solo en Santiago (Cofré, 2011).
Sin embargo, dicho escenario de expansión se encuentra antecedido por una línea continua de levantamientos, de los que, pese a rastrearse experiencias de asentamientos urbanos similares (toma organizada de terreno) entre 1945 y 1947, “existe cierto consenso en definir el año 1957, específicamente a partir de la toma de terrenos que dio origen a la población La Victoria, como el punto de inicio de una nueva estrategia de poblamiento” (Rojas, 2019, p. 83).
Este ejemplo no solo habría representado una dimensión numérica propia de la orgánica estratégica de los campamentos y del proceso de toma llevado a cabo por pobladores, sino, una nueva manera de posicionarse frente al estado y a las políticas de vivienda del periodo (Garcés, 2013).
Dicho escenario generó, según los procesos que se describen dentro de la historiografía, la configuración de una coyuntura en que se definieron una serie de “oportunidades políticas favorables para los pobladores, tanto por las agudas protestas sociales acaecidas en 1957 como por la incapacidad del Estado de hacerles frente” (Rojas, 2019, p. 85), resultando de ello un progresivo proceso de reconocimiento que ha de generarse de los pobladores como interlocutores válidos dentro de la situación habitacional y la lucha por la vivienda (Garcés, 2003).
Desde este punto hasta 1970, la cantidad de sitios tomados y de campamentos levantados se expandió considerablemente. Esta situación se puede entender considerando que no fue hasta 1965 con la creación del MINVU y con el programa Operación Sitio, que el Estado no abordó nuevamente aquellas políticas habitacionales que considerasen las necesidades de las masas más pobres (Salazar, 2012), destacándose anteriormente la creación de la CORVI en 1953.
Dicho programa de vivienda junto con intentar frenar los procesos de tomas que se mostraban en aumento (Schneider, 1990, p. 225), presentó medidas para paliar las evidentes carencias de vivienda del periodo (Castells, 1973, p.11). Sin embargo, pese a las presiones populares por la vivienda y a las nuevas dinámicas de reivindicación llevadas a cabo por los pobladores, se evidenciaron las mismas insuficiencias que los planes anteriores.
Con base en esto, se generó de manera consecutiva un aumento en las demandas y repertorios de acción directa llevada a cabo por pobladores en su lucha por la obtención de vivienda, evidenciándose notoriamente durante los tres años de la Unidad Popular (Garcés, 2013). Según Boris Cofré (2011) dicho aumento en las cifras durante el gobierno de Allende se debe a una serie de factores que pudieron haberlas posibilitado, entre los que se consideran las políticas de “vivienda como derecho” llevadas a cabo, la inhibición de la represión policial en la toma de sitios y la participación política dentro de ellas.
Con el Golpe de Estado y la instalación de la Dictadura Cívico Militar en 1973, tanto el accionar de los pobladores y del gobierno con respecto al problema habitacional se articuló con cambios profundos. Por un lado, los pobladores se replegaron durante la década del 70 a su dimensión privada y comunitaria, ante la represión e imposibilidad de acceder al espacio público libremente, estos se convirtieron en lugares de resistencia frente al gobierno, pero también frente a los efectos de la crisis económica (Bravo, 2020, p.33). Por otro lado, la junta militar en su articulación como gobierno dictatorial, asumió una serie de medidas represivas y de control contra los pobladores, pero también de reforma estructural de la política habitacional de la mano de un proyecto económico radical.
Inicialmente las fuerzas militares desplegaron acciones de represión contra las cúpulas de gobierno de la UP, partidos políticos y organizaciones sociales, incluyendo a los pobladores en sus campamentos, tomas y poblaciones. Tales acciones se sustentaron en una concepción de situación de Guerra Interna contra un enemigo interno entendido como sujetos subversivos al que se podía eliminar bajo cualquier medio (Colectivo de Memoria Corporación José Domingo Cañas, 2005, pp. 35 – 38). A su vez, se estableció una política a fines de los 70 que buscó erradicar los campamentos de las comunas centrales de Santiago, desplazándolas a zonas periféricas de la ciudad (Leyton, 2020).
También, y de forma estructural, se reorientó la política habitacional con centro en la integración social de las décadas anteriores, a una regida por el libre mercado, con la que se entendía a los pobladores como consumidores y al Estado como un ente con un rol subsidiario frente a los problemas sociales, disminuyendo su papel de productor directo de bienes y servicios (Iglesias, 2011, pp.134,136). Esto último tuvo por consecuencia que en el acceso a la vivienda, progresivamente se desarrollaron planes en los que se fomentó el mercado en el ámbito habitacional, es decir, en la oferta de viviendas progresivamente tomó primacía el ámbito privado (Imilan, 2016, p. 5).
Junto a lo anterior, durante la década del 70 se intervino de manera profunda el Ministerio de Vivienda y sus organismos dependientes. Con el decreto ley Nº 1.305 del 26 de diciembre de 1975 se reestructuró y regionalizó el Ministerio de Vivienda (MINVU), se fusionaron sus corporaciones dependientes y se creó un Servicio Regional de Viviendas y Urbanización (SERVIU) para cada una de las nuevas regiones (Iglesias, 2011, p 138).
A su vez, por medio de una serie de decretos, se dejó en manos de las municipalidades la ejecución de medidas concretas sobre este problema, aunque estas debían responder al diseño global de las políticas de vivienda emanadas del MINVU (Alvarez, 2012, p.147). En este marco se creó el Programa de Viviendas Sociales Básicas (1975) y mediante los Concejos Habitacionales Comunales (CHC) se aplicaron medidas de construcción de viviendas sociales para los grupos desposeídos. Esta política se sostuvo hasta 1979 cuando el SERVIU asumió las responsabilidades adoptadas por las municipalidades ante los malos resultados y abuso de atribuciones evidenciados en los años de aplicación (Iglesias, 2011, p. 140). Durante este periodo se aplicaron a su vez, otras acciones destinadas a intervenir en las poblaciones de más escasos recursos mediante “Operativos Cívico – Militares” destinados a intervenir y controlar el territorio a través de “campañas masivas de corte de pelo, atención dental, entrega de algunos bienes, información jurídica y otros servicios, en áreas populares” (Iglesias, 2011, p.140).
Sobre Los Andes y sus habitantes, en especial aquellos más pobres, si bien se han desarrollado investigaciones de autores locales que han definido trayectorias históricas desde distintos periodos y perspectivas, aún es incipiente el abordaje que se ha dado en materia de reconstrucción histórica social. Sin embargo, existen trabajos que, considerando los datos y temáticas que integran, permiten definir ciertas aproximaciones que aporten en la contextualización del presente proyecto.
Sobre ello, Javiera Donoso (2007) señala que hacia 1910 en términos de trama urbana y población, Los Andes era una ciudad pequeña, con un número de habitantes que bordeaba los 30.000, caracterizada por un desarrollo material precario, reflejado en la ausencia de alcantarillados, iluminación a gas y calles sin pavimentar (p.31), condiciones que, bajo los estímulos provocados por la celebración del centenario, habrían sido consideradas dentro de las políticas de mejoramiento del periodo. Esta “transformación” de la ciudad, habría de producirse dentro de los márgenes tradicionales de la estructura urbana colonial (desde las alamedas hacia adentro), la que había venido experimentando una notable aparición de conventillos y cités (Cortez, 2012, p. 21), no dando con detalles que especifiquen las condiciones de vivienda fuera de dichos límites.
Dentro de este ámbito, se define, entre 1920 y 1940, un crecimiento exponencial de la población urbana que va de 9.007 a 14.008 habitantes, acompañada del levantamiento de una serie de edificios educacionales y comerciales (Cortez, 2012, p.26). En este periodo, entendido como una etapa de modernización y consolidación de la ciudad, se desarrollaron significativamente una serie de actividades agroindustriales, mineras y comerciales, provocando la llegada “de un importante número de migrantes de localidades rurales aledañas y del norte chico” (Cortez, 2012, p. 25).
Frente a esto, la situación habitacional entra en un proceso dinámico. Si bien, existe registro del origen y levantamiento de gran parte de las villas y poblaciones que se erigieron como solución habitacional para gran parte de los habitantes de la ciudad, es débil aún el registro de aquellas viviendas o soluciones habitacionales definidas desde los mismos sujetos tanto, como medio de presión ante las autoridades, así como respuesta ante la precariedad.
En este contexto fueron desarrolladas algunas de las primeras soluciones habitacionales para la erradicación de los habitantes de los sectores más pobres de la ciudad. Uno de ellos, que durante largo tiempo fue habitado por aquella población de más escasos recursos, estuvo ubicado en el borde del río Aconcagua, en el sector de la piscina Quillagua. Allí se formó un gran campamento que sería conocido como población Hermanos Clark, al que después, en el sector poniente de la avenida Hermanos Clark se sumó la población David García.
El problema del crecimiento de los campamentos llegó a ser tal en la década del 60, que los porcentajes de aquella población que los habitaba alcanzó un 10 por ciento (Cortez, 2012, p. 28). En este contexto, el terremoto de marzo de 1965 agravó la situación habitacional de estas familias. Por ello, es que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se desarrolló el primer programa de autoconstrucción para la ciudad. La población Ambrosio O Higgins vino a dar solución habitacional, por este medio, a más de doscientas familias de estos campamentos (Cortez, 2012, pp. 28 – 29).
A estas acciones se sumó la operación Sitio y la promulgación de la Ley del Tabaco, que dispusieron los recursos para erradicar en la población René Schneider, en la zona sur de la ciudad, a un segundo grupo de pobladores, y un tercer grupo que rechazó el proyecto anterior, durante el gobierno de Allende, obtuvo una solución habitacional en la población 11 de Julio (renombrada Yerbas Buenas por la dictadura Cívico Militar y después renombrada Alonso de Ercilla). A inicios de los años 70 en el sector sur de la ciudad se instalaron otros proyectos que fueron resolviendo las problemáticas de otros campamentos, como lo fue la Villa Sarmiento o la Población Pucará (Cortez, 2012, p.31).
Hacia fines de los años 70 la ciudad de Los Andes sufrió cambios importantes, extendiendo su planta física, consolidándose a lo largo de la década la expansión hacia el sur y un importante incremento poblacional, pasando de 28.820 habitantes en 1970 a 38.228 en 1982, estando una parte importante de esta expansión urbana ligada a la erradicación de los campamentos que aún existían en la ciudad.
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